Límites legales al embargo de nóminas

Como paso previo a la reclamación judicial de un impagado, hemos de analizar si dicho proceso dará los frutos deseados. Efectivamente podremos tener acceso a la tutela judicial, pero ésta no servirá de nada si el deudor carece de bienes o rentas embargables con las que resarcir el crédito. Los embargos de cuentas corrientes, mobiliario, joyas, rentas o derechos de crédito de cualquier índole, resultan sumamente complicados y difíciles de llevar a cabo, si bien en ocasiones puntuales son muy eficaces, especialmente el embargo de derechos de crédito de sociedades que tienen por clientes a reputadas empresas que les abonan elevadas sumas. Es por ello que nuestra atención siempre se centra en el embargo de bienes inmuebles, y tratándose de particulares, de salarios.

El embargo de bienes raíces tiene dos grandes inconvenientes, la posible existencia de cargas previas y la dificultad para instar su apremio, su subasta, especialmente si lo que se adeuda es mucho menos de lo que se supone vale el bien. Amén de ello, el proceso es largo y complejo.

El embargo de haberes, por su parte, resulta mucho más sencillo y garantiza periódicas recuperaciones del impagado. Los 3 inconvenientes posibles:

a.- Deudor autónomo, resultará inviable el embargo de nóminas.

b.- Deudor que trabaja en empresa familiar o a la que está especialmente vinculada. Es factible que le “despidan” y comience a trabajar en B para salvaguardarse de cualquier embargo.

c.- Límites legales al embargo de nómina.

Respecto a los límites legales, el Art. 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es el responsable de su regulación, determinando que son inembargables las retribuciones salariales que no excedan del salario mínimo interprofesional, para 2001 fijado en 641,40 € mensuales. Los importes que excedan de esa cantidad serán embargables por tramos progresivos:

1º.- El primer exceso hasta 2 veces el Salario mínimo interprofesional será embargable en un 30%.

2º.- Si la remuneración es de hasta tres veces el SMI (1.924,20), se embargará el 30% de lo que pase de 641,40 y el 50% de lo que supere los 1.282,80 €.

3º.- De 3 a 4 SMI (2.256,60), a las cantidades anteriores se sumará el 60% de las cantidades que excedan de 1.924,20.

4º.- De 4 a 5 SMI (3.207), a las cantidades anteriores se sumará el 75% de las cantidades que excedan de 2.256,60.

5º.- SI el salario fuera superior a 5 SMI, se embargaría el 90% de todo el exceso.

Para el cálculo de las cantidades embargables se parte del salario neto, es decir, lo que cobra líquido el trabajador una vez descontados los gastos de seguridad social e impuestos.

Las cantidades inembargables un pueden incrementarse entre un  10 y un 15 %, en función de las cargas familiares. Así mismo, conforme al Real Decreto Ley 6/2010 de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, si el precio obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada fue insuficiente para cubrir el crédito garantizado, en la ejecución forzosa posterior basada en el mismo título ejecutivo, la cantidad inembargable se incrementará en un 10 por ciento y además en otro 20 por ciento del salario mínimo interprofesional por cada miembro del núcleo familiar que no disponga de ingresos propios regulares, salario ni pensión. A estos efectos, se entiende por núcleo familiar, el cónyuge o pareja de hecho, los ascendientes y descendientes de primer grado que convivan con el ejecutado. En estos últimos casos, la cantidad inembargable es de 705,54 € y 128,28 € más por cada miembro del núcleo sin ingresos del trabajo, aplicando los mismos porcentajes a los excesos.

Este último límite al embargo de nóminas, a resultas de las conclusiones del debate sobre el estado de la nación, van a verse incrementado a 961 € y un 30% más por cada miembro de la familia sin ingresos.

Conclusiones:

A un deudor con una nómina de 1.282,80 € (2 SMI), no se le podrán embargar más de 192,42 €, por lo que nunca interesa, visto el importe embargable, iniciar procedimientos judiciales contra obligados con nóminas inferiores a 1.200 €.

Cuando lo que reclamemos sea un préstamo o crédito con garantía hipotecaria, habrá que valorar la conveniencia de admitir una dación en pago, si prevemos que el inmueble no resarcirá nuestros créditos ni podremos reclamarlos contra otros bienes o rentas. Con ello evitaremos incurrir en nuevos desembolsos (que no recuperaremos) y esperarnos al resultado de un largo proceso judicial mientras realizamos dotaciones específicas.